martes, 29 de junio de 2010

BURKAS Y LIBERTADES

Un amigo europeo me preguntaba si también en Israel se prohíbe o se piensa prohibir el uso de la burka, tal y como está ocurriendo en algunos estados de la Unión Europea. El caso más reciente es el de España, donde se ha comenzado a votar leyes que prohíban su uso en espacios públicos.
Hasta donde yo sé, en Israel (al contrario de lo que muchos podrían pensar) no hay prohibiciones de uso de burkas o khafiyas. A veces mientras espero el autobús, veo una familia, al parecer de Ramleh que van completamente cubiertos. No es la primera vez que veo árabes israelíes que visten a la usanza tradicional y sin que se forme aspaviento alguno.

En Europa, le doy a mi amigo mi opinión, han hecho un ruido tan tardío como innecesario en torno al asunto de ciertas tradiciones musulmanas. Quieren aplicar lo que llamo "la solución del cornudo": arrojar de la casa el sofá.
Todo problema tiene una base y en este caso es erróneo y hasta infantil suponer que la burka es la consecuencia del embrollo en el que los europeos se han metido.
Puede que el día de mañana alguien piense que el largo abrigo y el sombrero de los judíos ultraortodoxos están mal o también el que los gitanos vayan en carromato y lean la buenaventura. La aplicación de ciertas leyes puede traer como consecuencia un problema mayor. Atacar la vestimenta es un mal paso porque es como pretender derribar un árbol despojándolo de las hojas, sin tocar las raíces ni el tronco. Y el tronco no es en este caso la fé musulmana sino el que un grupo de profesantes de ella quieran imponerla a los demás.
Cada cual en un país democrático debe tener el derecho de profesar la fé que le parezca MIENTRAS RESPETE LA LEY. Que en las sociedades occidentales alguien salga a la calle vestido de polichinela o de mandarín, puede parecernos ridículo, pero no vulnera la ley de ningún país que se precie de democrático y si tratamos de impedirlo, estamos vulnerando una Ley mucho más importante y vital: LA LIBERTAD INDIVIDUAL DEL CIUDADANO.
El asunto es mucho más sencillo de lo que parece. Hay constituciones, existe una Declaración Universal de Derechos Humanos que es a veces manoseada sin aplicarse y en cada nación con un Estado de Derecho como es el caso de las que forman parte de la Unión Europea existen los tres poderes: Legislativo, Judicial y Ejecutivo. No hay nada legal ni moral que quite el derecho a estas naciones a impedirle a un individuo o grupos de ellos que supuestamente vienen a disfrutar de una libertad que carecen en su país de origen, a imponer una Ley como la Shariah, que es precisamente símbolo de retroceso y de violación de las libertades. Existe una legislación que le dice al ciudadano que no puede pegarle a su mujer, que no puede impedirle trabajar si quiere hacerlo, que no puede apedrear a gays y lesbianas, que no puede amenazar y mucho menos apuñalar a quien tenga y exponga un criterio contrario al suyo. Están los tribunales que le sancionan si lo hace y finalmente se le pone trás las rejas. Y este esquema tiene que cumplirse sin la menor vacilación y al pie de la letra para que sea efectivo y ejemplarizante.
No hay que confundir el llamado derecho de la minoría con un falso concepto de multiculturalidad tan usado por los hipócritamente mal llamados progresistas.
Un ejemplo clarísimo de cómo debe funcionar la relación inmigrante-país receptor lo dió hace unos años el primer ministro australiano Kevin Rudd cuando conminó a quienes querían implementar la shariah y no querían participar del legado cultural e histórico de la sociedad australiana a ejercer el mayor de los derechos que se les concedía: marcharse de regreso.

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